Los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores portátiles se han convertido en objetos esenciales, pero cuando se estropean o dejan de funcionar solemos deshacernos de ellos tirándolos a la basura, otras veces los llevamos a la tienda sin preocuparnos lo que hagan después con estos equipos sin imaginar que si se desechan de forma incorrecta, se suman a un problema que no hace más que agravarse.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (o RAEE) son el desecho doméstico que más rápido está aumentando en todo el mundo. Contribuyen al cambio climático y contienen sustancias peligrosas, que pueden generar diversos problemas de salud en caso de exposición: por ejemplo, afectan al embarazo, al desarrollo del cerebro y al funcionamiento del tiroides. 

Los niños y las embarazadas son especialmente vulnerables, pues están atravesando fases críticas del desarrollo muy delicadas y, en caso de sufrir alguna enfermedad como consecuencia de la exposición a estos residuos peligrosos, los efectos para la salud pueden ser permanentes.

Se calcula que en 2019 se produjeron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos, pero solo 9,3 de ellos se recolectaron y reciclaron correctamente, utilizando la infraestructura y el equipamiento de seguridad adecuados. Una parte de los residuos electrónicos que no se desechan correctamente se guardan en almacenes, viviendas y garajes, mientras que otra parte acaba en vertederos. Los RAEE que provocan más daños se exportan, con frecuencia de manera ilegal, a países de renta baja. El problema de estos residuos es que si no funcionaban en nuestro país de origen tampoco lo harán en el país de destino. Igualmente para saltarse los controles gubernamentales que existen para evitar la exportación de estos productos tan peligrosos para el medio ambiente, empresarios sin escrúpulos hacen pasar estos componentes electrónicos como piezas o repuestos.

Al llegar a países en vías de desarrollo como Ghana, todos estos componentes inservibles terminan en vertederos, de tal forma que algunas familias muy pobres recorren estos lugares para extraer las piezas que puedan vender como chatarra. En su procesamiento intervienen también mujeres y menores que, al desmontar los aparatos a mano, corren el riesgo de hacerse daño con objetos cortantes y de entrar en contacto con metales peligrosos como el plomo. Otras veces calientan y queman los residuos para recuperar el cobre y otras sustancias valiosas, mientras que para extraer metales preciosos como el oro, recurren al lavado con ácido, utilizando sal de cianuro, ácido nítrico o mercurio.

La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos. A menudo la lluvia que cae sobre estos vertederos ilegales termina arrastrando esas sustancias tóxicas a los ríos y mares haciendo que se contaminen hasta los peces que termina comiendo la población. Se calcula que todas estas actividades pueden llevar a la liberación de unas mil sustancias tóxicas diferentes en el medio ambiente.

El reciclaje informal de RAEE es ilegal en muchos países y se considera una forma de trabajo infantil peligroso. En consecuencia, suele realizarse de forma clandestina y no se sabe con precisión cuántas personas se dedican a esta actividad. Son especialmente escasos los cálculos fiables de la cantidad de niños y niñas implicados, pero en los vertederos de residuos electrónicos de Ghana se ha visto a menores de tan solo 5 años (Greenpeace, 2008). Se calcula que, en todo el mundo, unos 18 millones de menores trabajan en el sector industrial, que engloba el procesamiento de residuos, y 12,9 millones de mujeres.

La falta de datos fiables sobre la cantidad de menores y embarazadas que trabajan con RAEE es una de las principales dificultades que afrontan los responsables de las políticas y del sector sanitario a la hora de abordar los efectos del reciclaje informal de residuos electrónicos. Los y las menores pueden verse expuestos aunque no se dediquen directamente al reciclaje: a través de la piel, al entrar en contacto con juguetes contaminados, sustancias corrosivas y otros elementos como la ropa que llevan a casa los padres y las madres que trabajan en el reciclaje; al inhalar aire contaminado; al ingerir comida, agua, tierra, polvo y leche materna con sustancias tóxicas; e incluso mediante la exposición transplacentaria durante el embarazo.

Al analizar los efectos del reciclaje de RAEE en los embarazos y la salud infantil, se ha observado la relación entre la práctica de esta actividad y los abortos espontáneos, las deficiencias en el desarrollo neurológico y las alteraciones tiroideas; problemas de salud que pueden dejar secuelas permanentes.

Otros efectos observados afectan al funcionamiento de los pulmones y el sistema respiratorio, como tos y asma; la modificación del sistema cardiovascular; y el debilitamiento del sistema inmunitario, que puede llevar a una mayor vulnerabilidad a las infecciones, una menor respuesta a las vacunas y un aumento de las alergias y las enfermedades autoinmunes. Asimismo, se ha investigado sobre la posible relación entre la exposición a RAEE y el padecimiento de enfermedades crónicas como el cáncer, los problemas cardiovasculares y la pérdida de audición, pero la cantidad de estudios realizados es insuficiente para sacar conclusiones

Muchos de estos problemas pueden quedar latentes y manifestarse un tiempo después, cuando se convierten en una carga importante tanto para los y las menores como para sus familias y los sistemas sanitarios.

Además de perjudicar la salud infantil, el reciclaje informal de RAEE agrava el cambio climático. En 2019, el desecho inadecuado de neveras y aparatos de aire acondicionado liberó en el medio ambiente una cantidad equivalente a 98 millones de toneladas de dióxido de carbono, es decir, el 0,3 % de las emisiones globales del sector de la energía. Esto se debe en parte a que estos aparatos contienen sustancias químicas que emiten gases de efecto invernadero, pero también a que, si no se reciclan y reutilizan, se producen otros nuevos, con lo que se generan más emisiones.

Por lo tanto, si se mejora el reciclaje de RAEE, saldrán ganando tanto la salud infantil como la lucha contra el cambio climático. Ya existen convenios internacionales y regionales (como los de Basilea, Estocolmo, Bamako y Waigani) para evitar el movimiento transfronterizo de desechos con sustancias químicas peligrosas, pero no todos los países los han ratificado e implantado. E incluso cuando los convenios se ratifican, puede resultar difícil respetarlos debido a la falta de infraestructuras y formación en gestión de RAEE, o porque a veces se elude la normativa ocultando estos residuos entre otros, etiquetándolos de forma incorrecta o registrándolos como donaciones. Por otro lado, comprobar que cada elemento electrónico funcione correctamente es una tarea lenta y complicada.

En 2019, 78 países (el 71 % de la población mundial) contaban con algún tipo de política, normativa o legislación relativa a los RAEE. Sin embargo, es necesario garantizar que las políticas se implanten y ejecuten en la práctica, y hay que desarrollar una legislación que incorpore objetivos sanitarios pertinentes y elimine el trabajo infantil. Otras formas de abordar el problema son la concienciación y la formación sobre los RAEE, así como la investigación para recabar datos más precisos y vigilar la exposición a residuos electrónicos tóxicos.

La iniciativa de la OMS sobre desechos eléctricos y electrónicos y salud infantil establece una serie de objetivos para proteger a las embarazadas y a los y las menores. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos piloto que promuevan la defensa de la sanidad local, la colaboración con las comunidades y la capacitación de los sistemas sanitarios primarios para tratar los riesgos derivados del procesamiento de RAEE, sobre todo entre la población infantil y las embarazadas.